El Tribunal Supremo acaba de cerrar la polémica frente a la mayoría de direcciones de cajas, en particular las 35 integradas en el Servicio de Prevención Mancomunado, que hasta hoy han venido negándose a reconocer el atraco como riesgo laboral.
Llevamos años batallando con este tema, en particular desde el asesinato de una compañera en la sucursal de Velilla del Río Carrión de Caja España en el año 2004 para que las cajas así lo reconozcan y con ello adopten las medidas de prevención adecuadas en cada caso y las integren en la política organizativa de cada entidad.
CECA
Hemos recurrido a la Inspección de Trabajo, que ha realizado requerimientos y levantado actas de infracción. La mayoría de Consejerias de trabajo de las Comunidades Autónomas (entre ellas, la de Extremadura) se han pronunciado favorablemente a nuestro punto de vista, es decir, que el atraco es un riesgo laboral.
Pero las cajas se han negado sistemáticamente a hacerlo. ¿Por qué?
Básicamente por una sola y mezquina razón: los costes.
Consideran que la seguridad y la salud de los empleados no merecen un incremento de costes.
Existe una segunda razón: negarse a reconocer que se han empeñado, la mayoría de entidades incluida CECA, en una estrategia fraudulenta como es la creación de un Servicio de Prevención Mancomunado, como pantalla para eludir el cumplimiento de la Ley y reducir costes.
Pero los gestores de las cajas se equivocan al considerar la seguridad y la salud un coste y no una inversión. Como ocurre también con la formación o las medidas de conciliación y las políticas de igualdad.
No entienden que es una obligación de los gestores de las cajas -inherente a su responsabilidad social- además de cumplir la ley, invertir en el capital humano e invertir en que los centros de trabajo sean seguros y confortables.
Y como la satisfacción y confianza de los empleados son requisitos imprescindibles para afrontar los momentos de crisis en que vivimos, FeS-UGT Extremadura no cederá ni un milímetro en ninguna de nuestras reivindicaciones.
Desde aquí hacemos una llamada al resto de sindicatos para que en el seno de cada entidad, de forma conjunta, instemos al cumplimiento de la sentencia modificando los planes de prevención y elaborando los protocolos necesarios para ello.
